Defensoría del Pueblo y su papel en el bienestar ciudadano
La Defensoría del Pueblo es el organismo autónomo que busca el bienestar ciudadano y exige el cumplimiento de los deberes del sector público.
¿Qué es la Defensoría del Pueblo?
La Defensoría del Pueblo en el Perú es un colaborador crítico del Estado, un organismo autónomo de la constitución, que busca defender los derechos fundamentales de las personas, supervisar el desarrollo adecuado de los deberes de la administración estatal y verificar la prestación de servicios públicos eficiente en el país.
La Defensoría del Pueblo se encarga de atender las quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos del territorio nacional que sienten que han vulnerado sus derechos. Eso sí, no desempeña el rol de juez o fiscal ni sustituye a alguna autoridad. Tampoco dicta sentencias, ni impone multas ni sanciones.
Lo que sí pone en práctica es la elaboración de informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades respecto a los requerimientos de los ciudadanos. El cumplimiento de estas solicitudes tiene sustento por su poder de persuasión y en la solidez de sus argumentos técnicos, éticos y jurídicos.
Facultades de la Defensoría del Pueblo
- Interviene en procesos constitucionales
- Desarrolla informes de carácter prioritario y de trascendencia
- Se encarga de investigar los hechos que afecten el bienestar común
- Ejerce iniciativa legislativa
- Promueve y motiva la ratificación, la firma, adhesión y difusión de los Tratados Internacionales sobre DD.HH.
- Implementa procedimientos administrativos
Mandato de la Defensoría del Pueblo
- Defiende los derechos fundamentales del individuo y la comunidad
- Supervisa el cumplimiento adecuado de los deberes que conciernen a la administración estatal
- Supervisa la adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía, en todo el territorio nacional.
La persona encargada, que representa y dirige esta institución actualmente es Eliana Revollar.
Para ser elegida/o defensora o defensor del pueblo es necesario contar con el voto a favor de dos terceras partes del Congreso de la República, como mínimo. Esto significa que su elección nace del consenso para un mandato de cinco años de duración. Algo a tener muy en cuenta es que, la o el defensor del pueblo, no responde civil ni penalmente por las recomendaciones y las opiniones que brinde en el transcurso del ejercicio de sus funciones. Además, tiene la facultad de actuar, de manera independiente, en la ejecución y el cumplimiento de las mismas.
